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Inicio ¿Qué es PSG? Conceptos Básicos ¿Por qué incorporar el enfoque de género al presupuesto?

¿Por qué incorporar el enfoque de género al presupuesto?

Las decisiones políticas y las actividades que llevan a cabo los gobiernos no son neutrales respecto al género, porque los hombres y las mujeres ocupan posiciones económicas y sociales diferentes y desiguales en la sociedad.

El presupuesto público sustenta la capacidad de los gobiernos para concretar las políticas, y a su vez el desglose presupuestario muestra la priorización que se establece entre unas políticas y otras. En este sentido, los presupuestos públicos tampoco son neutrales al género, tienen un impacto diferente para mujeres y hombres y aún para diferentes grupos de hombres y mujeres. Dos ejemplos que permiten ilustrar esta afirmación:

1)  Los recortes en los gastos de salud a menudo suponen para las mujeres un incremento en el trabajo no remunerado de cuidado de las personas.

2)  La reducción de personal en el sector público, puede hacer aumentar las tasas de desempleo de los hombres en los casos en los que ellos están ocupados en mayor proporción en este sector.

Estos efectos diferenciados hacen necesario, si buscamos avances sólidos hacía la democratización de las sociedades y la igualdad entre hombres y mujeres, examinar las implicaciones de las políticas y sus presupuestos para la equidad, desde la planificación hasta la evaluación de los procesos públicos.

Se ha constatado que los presupuestos públicos no asignan sus gastos equitativamente entre hombres y mujeres. Las políticas y gastos de los gobiernos en una serie de áreas, entre ellas las políticas económicas, laborales, de financiamiento, de salud y educación, pueden perpetuar o incluso profundizar las brechas entre hombres y mujeres si no están elaboradas con perspectiva de género.

Las iniciativas desarrolladas en el campo de los presupuestos pro-equidad de género apuntan a disminuir estas brechas, procurando alianzas entre los gobiernos, l@s funcionari@s públic@s y la ciudadanía, para diseñar, implementar, monitorear y evaluar políticas y presupuestos equitativos. Estas iniciativas no sólo revisan los mecanismos de definición presupuestaria desde una perspectiva de género, sino también las estructuras para la participación ciudadana, la transparencia del proceso presupuestario, las evaluaciones por resultados y la contribución de estos factores a la gobernabilidad democrática.

La primera experiencia de los presupuestos pro-equidad de género se emprendió en Australia hace dos décadas. Esta y la de Sudáfrica que se impulsó en 1995 todavía sirven como punto de referencia para muchos de los proyectos que se realizaron en varios lugares del mundo, incluyendo la región latinoamericana a partir de los años noventa.

La cooperación internacional fue desde el comienzo una aliada firme en este proceso. El Secretariado de la Mancomunidad Británica, organismos de las Naciones Unidas (como PNUD, UNIFEM, UNFPA), el Banco Mundial y agencias bilaterales de desarrollo (como por ejemplo la alemana GTZ, la británica DFID o la belga), han apartado recursos para la investigación y la implementación de esos ejercicios, colaborando con la institucionalidad política, así como con la sociedad civil.

 

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