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La Asignación Presupuestaria y la lucha contra la Violencia de Género

La violencia de género es un tema que tiene que convertirse en una de las prioridades más importantes de los gobiernos de la región latinoamericana, ya que es un problema con graves implicaciones sociales, psicológicas, físicas, emocionales y económicas para las víctimas, sus hijos/as y el agresor.

Antecedentes

La violencia de género es un tema que tiene que convertirse en una de las prioridades más importantes de los gobiernos de la región latinoamericana, ya que es un problema con graves implicaciones sociales, psicológicas, físicas, emocionales y económicas para las víctimas, sus hijos/as y el agresor.

“Los estudios realizados por el Banco Mundial y otros organismos hallaron que entre el 30 y el 50 por ciento de las mujeres latinoamericanas son víctimas de maltrato psicológico por parte de sus parejas y que entre el 10 y el 35 por ciento sufre violencia física (Buvinic, Morrison y Shifter, 1999). Las investigaciones sugieren que la violencia física en las relaciones íntimas con frecuencia va acompañada de maltrato psicológico y de abuso sexual en proporciones que van desde un tercio hasta más de la mitad de los casos (OMS, 2002)” (1).

Ecuador y su lucha contra la Violencia de Género

En el caso ecuatoriano los datos de violencia contra la mujer son alarmantes ya que al menos 30,9% de las mujeres entre 15 y 49 años sufrió algún tipo de violencia antes de cumplir 15 años, mientras en las mujeres alguna vez casadas o unidas, 31% sufrió violencia física de parte de su pareja, 40,7% violencia psicológica y 11,5% violencia sexual (2).

En Ecuador, la Ley 103 contra la violencia a la Mujer y la Familia “tiene por objeto proteger la integridad física, psíquica y la libertad sexual de la mujer y los miembros de la familia, mediante la prevención y la sanción de la violencia intrafamiliar y los demás atentados contra sus derechos y los de su familia.”

Sin embargo, los casos denunciados en las Comisarías de la Mujer y la Familia (CMF) se han incrementado en 33% entre 1999 y 2006, de las cuales 89% corresponden a mujeres y el 11% a hombres. Esté incremento puede ser consecuencia de que las personas están más informadas sobre sus derechos y han perdido el miedo a denunciar.

A pesar del incremento en los casos denunciados, no existe una asignación de recursos financieros para el apoyo a víctimas en investigaciones y recuperación, así como tampoco existen recursos destinados a la prevención de la violencia de género.

Desafortunadamente en el caso ecuatoriano la ley 103 sólo se focaliza en la denuncia y sanción a los agresores/as. La falta de un presupuesto de apoyo a la administración de justicia ha hecho que en el 2005 solo un 10% del total de denuncias tengan una resolución a nivel nacional.

La Ley 103 y el Presupuesto

Mientras que en países como México el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el año 2005 aprobó 357,8 millones de pesos para prevenir y atender la violencia contra las mujeres, y dar seguimiento a los feminicidios. En Ecuador la Ley 103 no tiene asignados fondos propios y no hay un presupuesto específico para apoyo a los servicios ofrecidos por la Ley (denuncia, investigación, sentencia).

De igual forma no es posible identificar gastos de todas las Instituciones que intervienen en la administración de la Ley, por la dispersión existente en la prestación de servicios.

En el 2006,  se estima que US$ 989 mil se emplearon con este fin, de los cuales el 99% de los gastos fueron asignados al pago de funcionarios y solo 1% para gastos de bienes y servicios, lo que significa 16 centavos de dólar por denuncia, es decir, 16 centavos para cubrir los gastos de documentos, gastos legales, atención médica de emergencia y sentencia, lo cual resulta insuficiente.

De la misma manera la falta de presupuesto hace que sólo existen 31 CMF funcionando en 17 provincias del país, a pesar de existir en la ley los decretos que estipulan la conformación de CMF en todas las provincias. En Cotopaxi, Napo, Morona Santiago y Galápagos no existen CMF, de igual manera provincias como Guayas y Cañar que tienen estipulado por decreto la creación de una nueva CFM en cada provincia por falta de presupuesto no lo han hecho.

Como parte de su responsabilidad por erradicar la violencia de género en el Ecuador, que se constituye en una violación a los derechos humanos, el 10 de septiembre de 2007 se firmó un Decreto Presidencial según el cual la erradicación de la violencia de género hacia la niñez, adolescencia y mujeres pasa a ser una política de Estado con enfoque de Derechos Humanos, y se creó un Plan Nacional asignándole un presupuesto de US$ 2 millones para el año 2007, el cual aún no ha sido desembolsado de las arcas fiscales.

Importancia de la asignación presupuestaria en la lucha contra la violencia de género

La existencia de una asignación presupuestaria para la lucha contra la violencia de género es fundamental ya que el presupuesto es primordial para medir el cumplimiento de las leyes y programas, y conocer los obstáculos en la implementación de los mismos.

Para Sharp y Broomhill (2002) los presupuestos de género "son un mecanismo para establecer si los compromisos del Gobierno en cuestiones de género se traducen en compromisos presupuestarios".

En este sentido la asignación de recursos económicos es esencial para que los compromisos en contra de la violencia de género se lleguen a materializar, por lo tanto, es necesario destinar el dinero público suficiente para alcanzar este objetivo pues si el presupuesto no contempla recursos para esta lucha cualquier esfuerzo por erradicar la
violencia de género estará destinado al fracaso.

Todo este panorama implica la necesidad de que los gobiernos asignen una partida presupuestaria específica para lograr erradicar este problema, dinero que deberá ser destinado a promoción, educación y campañas para la prevención y erradicación de la violencia de género, y no solo a la denuncia y sanción a los agresores/as

De igual forma se necesita el compromiso de las instituciones involucradas en la problemática como las Comisarías de la Mujer y la Familia, la Comandancia de Policía, la Policía Judicial, la Dirección Nacional de Género, Comisarías, Intendencias y Tenencias; para cambiar los presupuestos fragmentados y descoordinados que mantienen en la actualidad, por presupuestos organizados y transparentes que permitan obtener datos desagregados de los recursos y gastos que implica la ejecución de la Ley 103, de modo que se conozca si realmente cumplen con su responsabilidad, y cuanto del presupuesto general del estado se deberá destinar para cumplir con los compromisos asumidos por el gobierno ecuatoriano en su interés de luchar en contra de la violencia de género.

Notas:

(1) ¿Cómo lograr el cumplimiento efectivo de las leyes?; Implicaciones Presupuestarias de las Políticas sobre Violencia Doméstica en América Latina y el Caribe; Documento Síntesis; International Center for Research on Women (ICRW); Julio de 2003; Pág. 5.
(2) Encuesta Demográfica y de Salud Materna e Infantil (ENDEMAIN), 2004.

Más información:

1. www.observatorioviolencia.org.

 

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